Llaman diputados perredistas a senadores a frenar ‘Ley chayote’

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La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados llamó al Senado de la República a frenar la aprobación de la Ley General de Comunicación Social, también identificada como “Ley chayote”.

El diputado Rafael Hernández señaló que dicha norma, avalada la semana anterior en San Lázaro, incumple con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que conminó a legislar en la materia, aunado a que oficializa el uso de los recursos públicos y la propaganda oficial para controlar medios de comunicación.

Hernández Soriano afirmó que lo aprobado por los diputados tiene fallas reglamentarias serias y también conceptuales, que la hacen impugnable ante la Suprema Corte, por lo que se pide a los senadores hacer las correcciones necesarias.

El diputado secretario de la Comisión de Gobernación en la Cámara reiteró que a consideración de su bancada, esas disposiciones “legalizan” e “institucionalizan” la práctica del “chayote” o el pago con dinero público y contratos de publicidad oficial, a medios de comunicación que le sean afines al Gobierno Federal y al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Aseveró que en lugar de regular la propaganda gubernamental y el gasto en ese rubro, “se da manga ancha” a los excesos en que han incurrido las últimas dos administraciones; aunado a que fomenta el uso de ese recurso de manera parcial, tendenciosa, facciosa y mentirosa.

Implicará controlar a los medios de comunicación a través del dinero y propaganda oficiales, práctica que en los hechos afecta la libertad de expresión y el derecho a la información, advirtió.

A esas anomalías se suma el procedimiento irregular a través del que se avaló la ley, que no fue discutida ampliamente en comisiones, no tomó en cuenta iniciativas presentadas por otras fracciones parlamentarias y no consultó a las organizaciones sociales que obligaron a legislar, al ampararse ante la Corte.

Dijo que el Padrón de Medios de Comunicación, cuyo manejo recae en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), será un instrumento más de control; al igual que los contratos para propaganda oficial, con los que se “coaccionará” o “premiará” a las empresas de comunicación, según critiquen o favorezcan al gobierno en turno.

Alertó que la mayoría en San Lázaro avalo que se realicen gastos extraordinarios y no presupuestados en propaganda gubernamental, con el pretexto de emergencias en materia de salud y protección civil.

El congresista de izquierda dijo que le parece “sospechoso” el apresuramiento para sacar adelante el dictamen propuesto por el PRI y sus aliados en el Congreso de la Unión.

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