España apoya reforzar el Estado de derecho pero pide prudencia

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España respalda todas las iniciativas europeas que refuercen el cumplimiento del Estado de derecho en un contexto de crecientes desafíos a las reglas democráticas de la UE. Pero al mismo tiempo, el Gobierno español pide prudencia en la creación de nuevos mecanismos de evaluación que puedan colisionar con los ya existentes. “Siempre apoyamos un mayor control del Estado de derecho, pero hay que tener claro el valor añadido de un nuevo esquema”, argumentan fuentes del Ministerio de Exteriores respecto a la idoneidad de la propuesta de Alemania y Bélgica, que abogan por establecer una revisión periódica de las credenciales democráticas de los Estados europeos.

El Gobierno español también durante el mandato de Mariano Rajoy siempre se ha puesto del lado de la Comisión Europea y del eje francoalemán ante los incumplimientos sistemáticos que realiza Polonia de los valores fundamentales de la UE, particularmente la independencia judicial. El anterior Ejecutivo incluso esgrimió el Estado de derecho en clave interna para denunciar que el independentismo catalán adoptaba una actitud no muy diferente de la de Varsovia frente a Bruselas. La llegada de Pedro Sánchez no ha variado esa aproximación.

España incluso recibe con agrado pendiente de una postura más perfilada en el debate sobre el próximo presupuesto europeo la polémica propuesta de la Comisión de recortar fondos a los miembros del club comunitario que incumplan los preceptos básicos. Entre ellos la acogida de refugiados, a la que algunos socios europeos se resisten sin que eso impacte en las ayudas que reciben de la bolsa común de la UE. Este mismo martes, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, se ha reunido con su homólogo polaco, Jacek Czaputowicz, en Varsovia. “Nuestros países, uno en el Este y otro en Europa occidental, son fuerza motriz de la integración europea, si bien no siempre tenemos los mismos puntos de vista”, ha admitido Borrell en conferencia de prensa conjunta con el ministro polaco.

Pese a compartir la tesis general de Bruselas sobre el control democrático, el salto que dieron ayer los Ejecutivos alemán y belga para chequear periódicamente a todos los Estados europeos genera algunas dudas a las autoridades españolas. Cualquier esquema adicional, más allá del artículo siete de los tratados, que se invoca cuando un país se desliza hacia el autoritarismo, debe ser coherente con lo que ya existe, argumentan en Exteriores.

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