México debe avanzar al modelo de seguridad civil

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Diputados federales, académicos y especialistas, advirtieron que México debe avanzar hacia el modelo de seguridad civil y no con intervención directa de las Fuerzas Armadas, como se hace con la Guardia Nacional, pese a que se dio un paso importante con lo aprobado en el Congreso de la Unión, al quitarle el carácter prevalentemente militar.

Entre las principales preocupaciones se encuentra que el decreto que crea la Guardia Nacional y las iniciativas de leyes secundarias, que fueron entregadas el pasado 11 de abril al Senado de la República, otorgan a sus integrantes la facultad de detener en flagrancia a personas, en el momento en que cometan delitos, para luego presentarlas ante la autoridad ministerial.

Esto, que podría equipararse con la figura de tolerancia cero a cualquier delito, ha generado preocupación entre los especialistas, por la posibilidad de que se violen los derechos humanos de ciudadanos.

La posición del extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno, es que la Guardia Nacional se asemeja más a la Guardia Bolivariana del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que a la de países democráticos como España, Portugal o Chile.

En su momento, el representante en México de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Derechos Humanos, Jan Jarab, solicitó quitar todo componente castrense a la Guardia Nacional y limitar la temporalidad de la actuación del Ejército en tareas de apoyo a la seguridad pública.

Durante las audiencias públicas, previo a que en finales de febrero el Senado de la República aprobara por unanimidad y con cambios el documento que envió la Cámara de Diputados, en torno a las reformas constitucionales que dieron lugar al nuevo cuerpo de seguridad, Álvaro Vizcaíno consideró que éste se asemeja al modelo venezolano y que, una Guardia Nacional civil necesita no sólo mando civil, “sino ADN civil y, sobre todo, requiere de una planeación y de un presupuesto que considere la construcción de una política pública de mediano y largo plazo”.

Aclaró que dicha política, no debe estar sujeta a subastas para conseguir recursos, sino a un presupuesto que refleje la importancia que el Estado mexicano da a la que se propone como la principal propuesta de seguridad del sexenio.

La postura de Jan Jarab es que la intervención de las Fuerzas Armadas, en cuestiones de seguridad, ya demostró su fracaso, como lo ejemplifican casos como el de Guerrero y Tamaulipas.

El director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, aclaró que si bien en el documento que discutió el Poder Legislativo se establecía de manera expresa que la Guardia Nacional tiene un carácter civil, otras de sus disposiciones contienen elementos que generan una evidente contradicción y crean “un híbrido constitucional muy peligroso”, porque su operación recae en el ámbito militar, con un prototipo que se parece más a la de Venezuela.

De acuerdo con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que toda persona puede detener a quien actúe en flagrancia y consecuentemente, lo mismo podrá hacer la Guardia Nacional.

En ausencia de otra autoridad, la Guardia Nacional podrá actuar y poner de inmediato a disposición ante quien competa, a la persona que haya detenido en flagrancia. Ese es el sentido de esta disposición que repite lo que ya establece la Constitución para cualquier ciudadano.

Para Durazo, la Guardia Nacional tiene como objetivo prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas que determinen las normas aplicables, salvaguardar la integridad de las personas, así como garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz.

Empero, diputados federales advirtieron que ahora la tarea será revisar a fondo las leyes secundarias, para que ahí no se metan principios o funciones que contravengan el espíritu del cuerpo de seguridad, del cual será comandante, el general en proceso de retiro, Luis Rodríguez Bucio.

MILITARIZACIÓN PERMANENTE A TRAVÉS DE UN RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN

Mientras tanto, la diputada sin partido Ana Lucía Riojas Martínez, la única que votó en contra de la creación de dicha guardia el pasado 28 de febrero en el recinto deliberativo de San Lázaro, afirmó que no se puede invisibilizar la discusión sobre el empoderamiento de las Fuerzas Armadas permanentes.

“Estamos ante un escenario de militarización de lo cotidiano y de las funciones del Estado sin precedente en los gobiernos postrevolucionarios de este país. A las víctimas de la violencia las ignoraron, les negaron la voz, las utilizaron”, sentenció.

Dejó en claro que se debe agradecer el contrapeso de la sociedad civil y a las víctimas de la guerra, porque sus voces fueron las que, a fuerza de incansable insistencia, avanzaron con toda oportunidad los centímetros que el poder descuidaba.

“Se planteó la militarización permanente a través de un régimen de excepción y de la creación de un cuerpo disfrazado de civil, pero con esencia verde olivo”, aludió.

“No movieron ni una coma para atender las voces de especialistas, sociedad civil y víctimas. Al contrario, su postura autoritaria se fortaleció y arrasaron con una mayoría vanidosa, sin consensos ni diálogo. Su Parlamento abierto fue un espectáculo de oídos presentes, pero sordos; de puertas abiertas, pero posturas cerradas”, recriminó.

A su vez, el diputado priísta Rubén Ignacio Moreira, advirtió que estarán atentos a los resultados porque, autorizar el uso de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad en la Guardia Nacional para los próximos cinco años, confirma el fracaso que hasta ahora ha significado la lucha civil contra la inseguridad.

“Es una triste noticia, es el fracaso en la construcción de policías civiles, municipales, estatales y federales, de la coordinación y de muchos discursos. No hay que equivocarse, el éxito no radica en la votación de un nuevo cuerpo policial, porque el triunfo consistirá en el restablecimiento del orden y la tranquilidad”, dijo.

La diputada Martha Tagle, de la bancada de Movimiento Ciudadano, señaló por su lado que tiene que ponerse especial atención a la creación del registro de detenidos, porque será un avance muy importante, sobre cómo las policías, incluida la Guardia Nacional, tienen que hacer un registro exhaustivo de estas personas.

“El uso de la fuerza va a ser fundamental, se necesita traer los expertos para uso de las armas, a ver qué tipo de armas pueden usar y en qué condiciones”, sentenció.

Por su parte, el coordinador del Programa de Política de Drogas, del CIDE, Alejandro Madrazo Lajous, manifestó que la guardia no funcionará para traer seguridad, porque la evidencia es que la militarización exacerba la violencia.

“Está visto que ante mayores delitos, más se justifica la reducción de los derechos humanos, y los datos indican que la tasa de homicidios se disparó luego de llamada guerra contra el narco”, declaró.

Así, en el marco de las audiencias públicas que se realizaron en la Cámara de Diputados, expuso que la letalidad de las Fuerzas Armadas es grande y existe una práctica extendida por todo el país. También ha crecido la tortura y el maltrato; por ello, dijo, se tienen que exigir cuentas al Ejército y la Marina sobre su actuar en los últimos 12 años.

El exrelator de la ONU en materia de derechos humanos, Santiago Corcuera, calificó de positivo el establecer con claridad cuánto tiempo permanecerán las Fuerzas Armadas en el subsidio de las tareas de seguridad pública. “No una transitoriedad indefinida que produce indefinición, inseguridad jurídica y que la población por lo tanto no sabría a qué atenerse”.

Fue el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, quien lamentó que no se haya modificado el término para llamarle Guardia Civil y no Guardia Nacional, para que no hubiera confusión.

Aclaró que la tarea legislativa no termina con la aprobación del cuerpo de seguridad, porque se deben fortalecer los fondos públicos y sobre todo la construcción de las leyes secundarias. “El país no quiere violencia, inseguridad, corrupción ni impunidad. Necesitamos construir y entender que la pluralidad es una divisa y no un mal tolerado”, definió.

La postura del coordinador de la banca del PRI en el recinto deliberativo de San Lázaro, René Juárez Cisneros, es que para garantizar la seguridad de los mexicanos no debe haber mezquindades y no caben límites partidarios.

Pugnó porque en la práctica se logre la vocación y mando civil de la Guardia Nacional, con respeto a los derechos humanos, soberanía y federalismo, además de que fortalezca los cuerpos policiacos estatales y municipales.

Calificó de positiva la definición de un marco legal temporal, para que las Fuerzas Armadas tengan certeza y certidumbre en el despliegue de sus tareas y en cinco años regresen a sus cuarteles.

La coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Cámara Baja, Verónica Juárez Piña, refrendó la importancia de que la mencionada guardia cuente con cuerpos especializados y especiales en materia de género.

“La capacitación especializada para todos sus integrantes en materia de perspectiva de género y violencia feminicida es un contenido fundamental para los perredistas”, sentenció.

Cuestionó la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de designar a Luis Rodríguez Bucio, como responsable de la Guardia Nacional y, por tanto, se buscará interponer una acción de inconstitucionalidad en contra del nombramiento, que calificó como una burla y un fraude a la Constitución, a la ley.

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